En un país en el que ha existido un conflicto armado interno por más de 50 años, donde algunas organizaciones cuentan más de 5 millones de personas desplazadas internamente, el video ha sido una herramienta importante para documentar la memoria y violación a los derechos humanos cometidos antes, durante y después de los desplazamientos.

Medellín es una ciudad que ha sufrido numerosas transformaciones últimamente. Nuevas construcciones, para muchos símbolo del progreso, van modificando la apariencia de la ciudad. Pero también traen consecuencias relacionadas con los derechos humanos. El barrio del Naranjal, una tradicional comunidad de reparadores de autos y recicladores, es uno de los lugares más emblemáticos que ejemplifica esta situación.

Ubicado en una zona céntrica, rodeado de infraestructura y equipamientos de la ciudad, lo convierten en un bien altamente codiciado por los grandes inversionistas inmobiliarios. Mediante el Plan de Renovación Urbana de Naranjal y Arrabal , la Empresa de Desarrollo Urbano de la alcaldía (EDU) aspira a desplazar a las personas que actualmente residen y tienen sus negocios en El Naranjal para construir viviendas destinadas a una mayor clase económica. La EDU utiliza el video  como una de sus estrategias para difundir los objetivos de su acción y convencer a los habitantes de su reubicación. Sin embargo, para las personas moradoras, las opciones a donde deben mover sus negocios no cuentan con las condiciones adecuadas y resultará imposible que puedan adquirir las nuevas viviendas que se construirán con lo que la EDU les ofrece para comprar sus actuales casas.

“Llevo 30 años viviendo aquí, mi lucha no es individual, es por la comunidad. Nosotros somos personas, no objetos. Somos la semilla de la vida y nos quieren desalojar,”

nos cuenta Héctor Moscoso, líder comunitario. Moscoso, quien junto con otras personas en El Naranjal, se ha organizado para rechazar el Plan de Renovación Urbana y formular propuestas alternativas para el desarrollo comunitario.

Debido a las modificaciones que ya se están haciendo en la zona, el desempleo amenaza a buena parte de sus moradores y comerciantes comienzan a detectar bajas en sus ganancias. “Muchos negocios, como éste de comida, han sufrido ya pérdidas en el consumo hasta del 80%”, nos cuenta otro líder comunitario, Federico Aguilar.

Por su parte, integrantes de Punto Link , un grupo de creadores audiovisuales que entre sus labores incluyen el activismo, se han dado a la tarea de realizar un proyecto documental “El Naranjal, Antes de que Desaparezca ” con la intención de generar memoria de lugares que serán demolidos. Los realizadores del proyecto documental establecen:

“Por eso, antes que desaparezca El Naranjal queremos recorrerlo, conocerlo, adentrarnos en él y sentirlo antes que llegue la demolición, levanten edificios y construyan parques. Antes que sus habitantes abandonen sus casas. Antes que los mecánicos dejen sus talleres, antes que desaparezca por culpa del progreso, queremos recordarlo y no dejarlo en el olvido.”

Como parte de las actividades llevadas a cabo en el más reciente Foro Urbano Mundial , se brindó un espacio en el Cinema Room  a fin de que la EDU y Punto Link presentaran sus productos audiovisuales con puntos de vista distintos respecto de lo que sucede en el Naranjal. WITNESS también fue invitado a presentar sus producciones sobre desalojos forzosos y participar de la discusión. De acuerdo con diversos asistentes, fue uno de los pocos espacios dentro del foro que posibilitó el intercambio de miradas contrapuestas respecto de proyectos de desarrollo para la ciudad.

El paisaje cambiante en Colombia

Y es que el caso del Naranjal es uno de los muchos que ocurren en Medellín. En el Foro Social Alternativo y Popular , organizado entre otros por Junta Cívica el Pinar  y la Alianza Internacional de Habitantes (IAH) , se estableció que en Colombia la base legal para la nueva ciudad está en la ley de Reforma Urbana . Para Héctor Ceballos , ponente del foro, esta legislación permite mostrar que la renovación significa “la transformación radical mediante expropiación, alta densificación, cambio de usos y de usuarios. La ley de ordenamiento territorial en la práctica deja a un lado al morador y aunque formalmente se acepta la participación de la comunidad en la discusión de los proyectos, lo que realmente se busca no es incorporarle al proyecto de renovación, sino prioritariamente comprarle el bien. La ley se extiende sobre todos los aspectos posibles de la expropiación, para cerrar todos los resquicios que pudieran dar lugar a una exitosa lucha legal de los moradores originales.”

En Medellín se ha practicado esta política desde hace décadas. Los Planes de Reubicación Urbana cubren toda el área metropolitana y existen 25 planes aprobados o en proceso de aprobación. Marcan los sectores y recomiendan persuadir y convencer a los propietarios originales, pero “finalmente dejan el camino abierto para la expropiación por vía administrativa, o la demolición por la fuerza de los más renuentes”, establecieron integrantes asistentes al Foro Alternativo que se realizó para posibilitar un espacio de encuentro de movimientos en defensa de sus derechos frente a la construcción de ciudades con enfoque neoliberal.

Distintos grupos de creación audiovisual han trabajado en Medellín el tema de territorio y derecho a la ciudad, como parte de los cuales han incluido los casos de desplazamiento o desalojo, como pudimos observar en una de las actividades  alternas al Foro Urbano Mundial llevadas a cabo por parte de la Coalición Internacional para el Habitat (HIC ) y el Museo Casa de la Memoria  en Medellín.

Grupos como Punto Link, junto con otros colectivos, continúan elaborando documentales en torno a comunidades que buscan ser desplazadas. Este es el caso de la Cascada , población que lucha para no ser removida de su lugar. Estos grupos también están usando materiales audiovisuales  de WITNESS y Amnistía Internacional para ayudar en su trabajo de video que busca incidir en distintos ámbitos públicos a fin de preservar la memoria y contribuir a prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos.