Desde 2004 la Plataforma por una Vivienda Digna ha sido un movimiento ciudadano apartidista, cuyo objetivo fundamental ha sido denunciar los gravísimos efectos que una mala política en materia de vivienda podían traer al Estado Español.

Camiseta del colectivo “jóvenes sin futuro” en la acampada de la Puerta del Sol

Es el 14 de mayo de 2006, fruto de las “Sentadas por una Vivienda Digna”, cuando se produce un cambio manifiesto de la ciudadanía ante un problema que según el Centro de Investigaciones Sociológicas pasó en 2007 a ser la principal preocupación de los españoles. Nosotros aventurábamos que con el telón de fondo de una desmedida especulación inmobiliaria, tarde o temprano la economía se vería afectada, como así lamentablemente ha ocurrido, con especial crudeza en España, donde la dependencia del sector del ladrillo ha producido unos niveles de paro insoportables.

Estos movimientos lamentablemente terminaron diluyéndose en medio de una apatía generalizada,  fruto de la definitiva separación entre clase política y ciudadana, puesto que sus reivindicaciones, justas y necesarias, cayeron en saco roto. Este sin duda ha sido el germen del Movimiento 15-M, y es que si algo es manifiestamente mejorable en los estados europeos, esto es la participación ciudadana en las decisiones políticas, participación que ha sido prácticamente inhabilitada en el ejercicio de la democracia, perdiendo estas su poder en detrimento de los mercados.

Las medidas liberalizadoras del suelo público, así como el sistema de financiación de ayuntamientos y partidos políticos, fueron en buena medida causantes de este desmadre inmobiliario. Fruto de la Ley 6/1998, de corte neoliberal y promovida por el gobierno de Aznar, así como la desregularización del mercado y el progresivo traspaso de competencias a las autonomías, las sucesivas etapas del “boom inmobiliario” español irían parejas a un aumento de la corrupción, un desvío descarado de fondos públicos a promover la industria del ladrillo, así como un crecimiento desorbitado de los precios de las viviendas, cuyo fin es básico tal como reconoce el artículo 47 de la Constitución Española.

Plataforma de afectados por la hipoteca tras impedir un deshaucio

Posteriormente en 2007 el gobierno socialista impulsó la Ley 8/2007 con una serie de tímidas medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad a la vivienda, sin embargo, tal como denunció la Plataforma por una Vivienda Digna, esta reforma no fue más que una argucia para subir el módulo de la vivienda protegida, llegando al extremo de superar en algunos casos el precio del metro cuadrado de mercado libre. No había un cambio de modelo y además el grueso de competencias seguía en mano de las comunidades autónomas, por lo que en su momento reclamamos una centralización de competencias para tratar de cambiar el rumbo del mercado inmobiliario, y por extensión la economía española.

Llegado marzo de 2008, España obtuvo el dudoso honor de ser uno de los países más observados por su ya reconocida “burbuja inmobiliaria”, tanto es así que Miloon Kothari, relator de la ONU, asistió a variadas reuniones y visitas en las que denunció la terrible situación de accesibilidad de vivienda, la política de desahucios, la falta de regularización y transparencia en el mercado inmobiliario, así como la absoluta insostenibilidad ecológica del modelo inmobiliario español.

En este contexto, en enero de 2008 la Plataforma por una Vivienda Digna debatió y logró consensuar cuarenta propuestas que pusieron en su punto de mira los detonantes de la situación que el Movimiento 15-M ha venido denunciando, y es que ante una crisis provocada por los mercados financieros y la clase política, son ahora los ciudadanos los que tenemos que sufrir y pagar sus consecuencias. Es por ello que la Plataforma por una Vivienda Digna ha firmado su adhesión a la  Plataforma “Democracia Real Ya”, que fue la convocante de la primera movilización del 15-M y germen de un movimiento que esperamos sea una continuada movilización social que permita hacer ver a la sociedad los verdaderos elementos causantes de la precariedad laboral y degradación del estado del bienestar que con tanto esfuerzo habíamos labrado entre todos.

No queremos dejar de denunciar que la clase política aún no se ha hecho conscientes de la base de este problema, de ahí su progresivo alejamiento de la sociedad. Esto está provocando una desilusión social que ha derivado en el progresivo deterioro de la democracia, esto es, la verdadera participación de los movimientos ciudadanos en las decisiones que los gobiernos toman. Por eso apoyamos las bases fundamentales de este movimiento, porque los derechos sociales se conquistaron con la movilización y la lucha, por eso la sociedad no debe cejar en su empeño y ser consciente de que ahora nos enfrentamos con otra forma de dictadura: la dictadura de los mercados, más peligrosa y compleja que ninguna de las otras a las que nos hayamos podido enfrentar a lo largo de la historia.