Paraguay, déficit de vivienda y propuestas
Por Marilina Marichal
l déficit de viviendas en Paraguay se estima de 700.000 y crece en una estimación de 25.000 unidades por año. Téngase presente que la población paraguaya no supera los 6.000.000 (seis millones) de habitantes. Son numerosos los desalojos violentos de los asentamientos, con ordenes judiciales basadas títulos de propiedad de dudosa procedencia y muchas veces inexistentes.
En cuanto a distribución y utilización de las tierras nos encontramos con que no existe un ordenamiento territorial en los municipios en los cuales se formalizan cientos de asentamientos urbanos, creando poblaciones carentes de los servicios básicos, ( luz, agua, caminos, transporte público, escuelas, centros de salud).
Es difícil estimar el número de familias que viven en asentamientos urbanos, concentrándose la mayor parte de los asentamientos en el Departamento Central, aunque los últimos cuatro años ha crecido vertiginosamente la cantidad de asentamientos urbanos en el resto del país, el caso de los departamentos de Encarnación, Ciudad del Este, Concepción, Saltos del Guaira, Pedro Juan Caballero, Amambay, Canindeyú son ejemplos palpables del déficit habitacional.
El Gobierno anterior ha construido viviendas prácticamente inhabitables debido a la baja calidad de los materiales, que las hace verdaderas trampas mortales para muchas familias, estas viviendas se han asentado sobre terrenos no aptos para la construcción.
La fuente de financiamiento de estas construcciones para familias en situación de extrema pobreza, han sido el Gobierno de Taiwan, y el FOCEM (Fondos estructurales del Mercosur).
Proyecciones efectuadas por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, de la Presidencia de la República, señalan que, a mediados de este mes de julio, el Departamento Central llegó a 2 millones de habitantes.
La mayor parte de esta población (casi 1.600.000 personas) vive en los once distritos de Central más cercanos a Asunción.
Entre esos distritos, tres superan los 200 mil habitantes (Luque, con 301.649; San Lorenzo, con 298.287; y Capiatá, con 216.491) y otros dos tienen más de 150 mil almas (Fernando de la Mora, con 168.476; y Lambaré, con 177.415).
El crecimiento poblacional explosivo de la principal unidad territorial paraguaya genera sus grandes y graves problemas, los que ni son solucionados ni tan siquiera son planteados por las autoridades que gobiernan esa región, sean éstas municipales, departamentales o nacionales.
La citada concentración habitacional conlleva problemas de todo tipo: carencias de viviendas e infraestructura vial; en el sistema educativo o sanitario; en la provisión de servicios sociales mínimos; etcétera.
Todos estos déficits mencionados dejan a gran parte de esa altísima población viviendo con un elevado porcentaje de necesidades básicas insatisfechas.
Las grandes concentraciones poblacionales en los municipios de Central, que forman parte de esa gran urbe conocida como Gran Asunción o como Área Metropolitana de Asunción, están basadas en villas, asentamientos o barrios provisorios, los que tienen casi nada de estructura montada para acoger a las miles de familias que cada año llegan hasta esta zona central del país, ya sean expulsadas de la Capital por los altos costos de vida asuncenos o migradas desde el Paraguay profundo, radiadas por la pobreza o por la muerte del anterior modelo agrícola del Paraguay.
En el Departamento Central vive hoy uno de cada tres paraguayos. En su gran mayoría en esos enormes cinturones de pobreza que rodean a Asunción.
Ningún organismo estatal tiene en su programa específico de gobierno atender las necesidades reales de los pobladores de estos racimos humanos que pululan en la Gran Asunción.
Ni en la Gobernación de Central ni en el Gobierno central se tiene una oficina encargada de analizar el problema y buscar un mínimo de soluciones.
Así, la realidad cotidiana de un cuarto de la población total del país es desatendida y despreciada.
La marea migratoria hacia Central hace que las necesidades propias de la vida urbana se conviertan en acuciantes problemas, que cada vez serán de solución más difícil.
El crecimiento sin planificación de estos asentamientos crea el caldo propicio para que las necesidades básicas queden absolutamente insatisfechas.
Miles de niños no tienen escuelas a las que dirigirse ni centros de salud a los que acudir.
En esas villas no hay ni calles ni caminos. Mucho menos líneas de ómnibus o redes sanitarias. Los tendidos eléctricos no alcanzan ni existe distribución de agua potable.
La vida es, en síntesis, miserable. Y no hay perspectiva alguna de mejoría.
Los 2 millones de habitantes del Departamento Central existen, para los gobiernos, sólo en las estadísticas. En la vida real, nadie se ocupa de ellos.
La situación rural no es menos preocupante que la urbana, y es también necesaria una transformación de esquemas mentales de la burocracia, para ver el problema de la tierra y la vivienda desde un ángulo diferente en que se compatibilice las necesidades reales de los afectados con los técnicos y el gobierno para que la solución sea satisfactoria a las mayorías excluidas.
OBJETIVOS
- Reivindicar el derecho a la ciudad, la tierra, el agua y el medio ambiente en tanto bienes sociales así como el derecho a la tierra y la vivienda rural
- Democratización de la gestión del territorio y el acceso a la tierra y los inmuebles, implementando políticas que den cumplimiento al mandato constitucional referido a LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD.
- No criminalización de la lucha por el derecho a la tierra y la vivienda digna, terminar con los desalojos forzosos, y ante la inminencia del desahucio, que el Estado de cumplimiento a la Observación General Nº 7 del Comité de Derechos Económicos , Sociales y Culturales y los principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, para el derecho a una vivienda adecuada.
- Fortalecimiento de los procesos de autogestión del hábitat, promoviendo políticas que impliquen efectivamente a los pobladores en la configuración de su hábitat, apoyando el desarrollo de sus organizaciones.
- Que el Estado haga cumplir los pactos y leyes que protegen el derecho a la vivienda de los ciudadanos, dando órdenes al Ministerio Público para su aplicación inmediata en los procesos actualmente vigentes, evitando la criminalización de los moradores; estableciendo programas de capacitación para funcionarios públicos que protejan el derecho humano a la vivienda y al hábitat para todos y todas.
Coordinadora para Asentamientos Espontáneos – CAES – A.I.H
Montevideo Nº 278 - P 3 - Of. Nº 304 Edif. Astral
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Asunción – Rca del Paraguay
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